La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre prácticas de control y persecución hacia personas migrantes que, bajo el argumento de la seguridad, derivan en hostigamientos, demoras arbitrarias y vulneraciones de derechos fundamentales.
En lugares de la Provincia se observó una intensificación de operativos en la vía pública que incluyeron requisas, pedidos de documentación y retenciones sin un motivo concreto. Estas acciones no contribuyen a la prevención del delito y afectan de manera directa a personas migrantes, reforzando estigmatizaciones y desigualdades.
La seguridad pública solo es legítima cuando se ejerce dentro del marco constitucional y con pleno respeto de los derechos humanos.
Es importante recordar que la apariencia, la vestimenta o el origen no constituyen motivo de detención. Las fuerzas de seguridad no pueden retener el DNI, ni privar de la libertad a una persona sin orden judicial o sin la existencia de un delito en curso.
Asimismo, ante cualquier detención, toda persona tiene derecho a la asistencia de un abogado o abogada de manera gratuita, con independencia de su situación migratoria. Migrar es un derecho reconocido por la legislación nacional e internacional.
No tener la documentación al día no anula la dignidad ni las garantías que protegen a todas las personas. El Estado tiene la obligación de asegurar que sus políticas y procedimientos se ajusten a la ley y no reproduzcan prácticas de violencia institucional.
Desde la Defensoría del Pueblo reafirmamos nuestro compromiso de acompañar, orientar y recibir denuncias frente a situaciones de violencia policial o institucional. Ante cualquier situación como esa, podés contactarnos por WhatsApp las 24 hs. al 221 358 1323 o por cualquiera de nuestras vías de comunicación.
Garantizar derechos, promover controles democráticos y fortalecer el acceso a la justicia son condiciones indispensables para una convivencia social basada en el respeto y la igualdad ante la ley.