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Cada 21 de octubre se conmemora el Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans, una fecha impulsada por colectivos trans y organizaciones de derechos humanos que, desde 2009, promueven la campaña internacional Stop Trans Pathologization (STP). Su principal reclamo es que las identidades trans dejen de ser consideradas un trastorno mental.
Durante décadas, las clasificaciones médicas internacionales abordaron las identidades trans desde una perspectiva patologizante. Esto tuvo consecuencias concretas: para acceder al reconocimiento de su identidad de género o a determinadas prestaciones de salud, muchas personas debieron atravesar diagnósticos psiquiátricos, evaluaciones y autorizaciones de terceros.
En 2019, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), vigente desde el 1 de enero de 2022. Esta revisión excluyó las categorías vinculadas a las identidades trans del capítulo de trastornos mentales y del comportamiento e incorporó la denominada «incongruencia de género» en un capítulo referido a las condiciones relacionadas con la salud sexual. La OMS señaló que las identidades trans no constituyen un trastorno mental y que su clasificación en esa categoría contribuía al estigma y la discriminación. La permanencia de esta categoría busca facilitar el acceso a la atención sanitaria y su cobertura. Si bien el cambio representó un avance, organizaciones trans advierten que la despatologización aún enfrenta desafíos.
En Argentina, la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, reconoce el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a ella y a ser tratada de acuerdo con su identidad. Para la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila, no exige acreditar intervenciones quirúrgicas, tratamientos hormonales ni evaluaciones psicológicas o médicas. Asimismo, garantiza el acceso a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales para adecuar el cuerpo a la identidad de género, con el consentimiento informado de la persona y sin necesidad de autorización judicial o administrativa, e incluye estas prestaciones en el Programa Médico Obligatorio.
Por su parte, la Ley 26.657 de Salud Mental establece que, en ningún caso, puede realizarse un diagnóstico en ese campo sobre la base exclusiva de la elección o identidad sexual de una persona.
Sin embargo, el reconocimiento legal no garantiza por sí solo el ejercicio efectivo de estos derechos. La exigencia de diagnósticos o certificados que la normativa no contempla, el desconocimiento del nombre y la identidad de género, las demoras o negativas en la atención y las prácticas que presentan las identidades trans como algo que debe corregirse constituyen barreras que persisten en distintos ámbitos, incluido el sistema de salud.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires promovemos el reconocimiento pleno de las identidades de género y el acceso a una atención integral de la salud, respetuosa, accesible y libre de discriminación. Despatologizar implica reconocer la autonomía de cada persona sobre su identidad y su cuerpo, y garantizar que el acceso a derechos no dependa de prejuicios ni de requisitos que la ley no establece. En este marco, la Defensoría cuenta con una Defensoría LGBT+, un espacio de orientación y acompañamiento para promover y proteger los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de otras identidades.
Las identidades trans no necesitan diagnósticos: necesitan respeto, acceso a la salud y garantías para ejercer plenamente los derechos reconocidos por la ley.