La revolución de las drogas: un severo llamado de atención para la Argentina

Por Walter Martello

Defensor del Pueblo Adjunto de PBA / Responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos

Al conmemorarse el Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas este 26 de junio, el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) nos coloca frente a un espejo incómodo. El viejo paradigma de la Argentina como un mero "país de tránsito secundario" o consumidor periférico se ha quebrado por completo: hoy estamos inmersos en un mercado regional y local maduro, precarizado y profundamente peligroso.

El análisis minucioso de los datos específicos para la Argentina extraídos de la base de datos de UNODC enciende alarmas rojas que la política pública no puede ignorar, consolidando transformaciones profundas en el mapa del narcotráfico nacional:

1) El desembarco industrial de las drogas de síntesis: UNODC identifica explícitamente a la Argentina y Chile (junto con Canadá) como las principales ubicaciones de laboratorios desmantelados de éxtasis (MDMA) fuera de sus focos históricos tradicionales (Europa Occidental, Oceanía y el Sudeste Asiático) entre los años 2020 y 2024. Esto implica una peligrosa mutación estructural: el crimen organizado local ha internalizado los procesos químicos y posee la tecno-capacidad de sustituir importaciones, fabricando y tableteando a gran escala en suelo nacional para el abastecimiento interno y regional. Los datos de interdicción policial ratifican esta realidad, registrándose el decomiso de más de 125 kilogramos de sustancias tipo MDMA en el último año.

2) La epidemia de la Ketamina y el "Tusi": las métricas de secuestros exponen un crecimiento exponencial de la Ketamina en el territorio nacional, escalando de 54.3 kg incautados en 2020 a un récord de 228.7 kg. Este fenómeno se vincula de forma directa con la popularidad de mezclas polidependientes recreativas conocidas como "tucibi", "tusi" o "cocaína rosa". Este cóctel —surgido en Sudamérica y propagado velozmente a Europa— suele engañar por completo al consumidor joven al expenderse en entornos de ocio nocturno y fiestas electrónicas como si fuera cocaína de alta pureza, cuando en realidad contiene mezclas totalmente impredecibles y altamente letales de ketamina, MDMA, metanfetamina o adulterantes nocivos.

El éxtasis mantiene una prevalencia de consumo reciente (último año) del 1,5% en estudiantes secundarios de nuestro país. En la comparación americana, este consumo anual en jóvenes se acerca a los niveles de la población general de Estados Unidos (1,1%), superando ampliamente los promedios históricos de Uruguay (0,4%), Brasil (0,25%) y Colombia (0,19%).

3) El cambio de paradigma en el Cannabis: se observa una drástica transformación en el mercado local de marihuana. Las incautaciones de marihuana tradicional prensada ("prensado paraguayo") se redujeron a la mitad en apenas cuatro años, pasando de 236.6 toneladas a 122.9 toneladas. Al mismo tiempo, los decomisos de cogollos, flores y derivados de cannabis de alta potencia hidropónica aumentaron casi un 300%, pasando de 1.6 toneladas a casi 4.5 toneladas. Esto refleja la emergencia de cepas altamente potentes con niveles elevados de THC en el mercado ilícito, tensionando de manera sostenida al sistema sanitario, dado que el cannabis se mantiene en el Cono Sur como la principal sustancia primaria que genera admisiones terapéuticas por adicción.

4) Consumo crónico y plataformas de reexportación de cocaína: si cruzamos los datos de la UNODC con el Estudio Nacional en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, elaborado por la Sedronar en 2025, la prevalencia de consumo reciente de cocaína en la juventud escolar subió del 2,0% al 2,9%. En la población general (0,9%), Argentina se ubica en un bloque de alta prevalencia junto a naciones con mercados muy consolidados como Estados Unidos (2,3%), Brasil (2,18%) y Uruguay (2,1%), superando ampliamente a México (0,50%) y Colombia (0,72%). Paralelamente, las incautaciones de clorhidrato de cocaína en las fronteras y puertos nacionales se triplicaron, saltando de 5.508 kg a 14.339 kg.

Esta escalada ratifica la consolidación de la "Ruta del Atlántico" y la vulnerabilidad logística de la Hidrovía Paraná-Paraguay y las terminales marítimas bonaerenses como plataformas de reexportación internacional explotadas por grandes consorcios criminales trasatlánticos. Por su parte, el secuestro de hojas de coca en estado natural rozó las 145.4 toneladas, indicador del masivo volumen de contrabando destinado al coqueo en el NOA y grandes urbes, un vector que sigue careciendo de un marco regulatorio claro que evite la saturación del aparato de seguridad.

La gravedad de todo este ecosistema de consumo se traduce en estadísticas vitales dramáticas: Argentina registró 12.670 muertes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en la población de 15 a 64 años, lo que representa el 15,3% de las muertes totales en ese rango etario.

Detrás de estas métricas residen dinámicas macroestadísticas complejas y una crisis de salud pública sin precedentes a nivel global. El consumo estimado escaló a 331 millones de personas, lo que representa un incremento del 34% en una década. Paralelamente, la mortalidad letal trepó a cerca de 500.000 muertes anuales por causas asociadas a sustancias (+29% en diez años).

Frente a esta marea, la respuesta sanitaria muestra una fragilidad alarmante: solo 1 de cada 12 personas con trastornos por consumo recibe tratamiento médico. Esta brecha adquiere rasgos dramáticos y de profunda discriminación cuando analizamos el género: mientras 1 de cada 9 hombres con adicciones logra ser asistido, apenas 1 de cada 23 mujeres accede a programas de recuperación, debido al estigma social extremo y al fundado temor de perder la custodia de sus hijos.

En materia de oferta, asistimos a una dualidad terrorífica a nivel mundial:

  • La explosión sintética: se reportó un récord de 755 nuevas sustancias psicoactivas (NPS) en un solo año, consolidando rutas de metanfetamina e interdicciones complejas en redes sociales y la darknet. Al mismo tiempo, el colapso del 95% en el cultivo de opio en Afganistán genera el temor global de que la heroína sea reemplazada por opiáceos sintéticos mucho más letales, como los nitacenos o fentanilos.
  • El boom de las drogas de origen natural: la producción potencial de cocaína pura en Sudamérica rompió máximos históricos al superar las 4.100 toneladas puras (un aumento de más de cuatro veces en la última década).

Nuestra región no es un observador pasivo de estas macrotendencias. El continente americano, albergando a 105 millones de usuarios anuales, empata con Asia en volumen absoluto de consumidores de drogas. Registramos la segunda tasa de prevalencia general más alta del planeta (15% de la población de 15 a 64 años), traccionada por la alta demanda de cannabis (causa número 1 de tratamientos hospitalarios) y cocaína (causa número 2).

América Latina destaca, además, por ser la región con la mayor proporción de personas bajo tratamiento médico debido específicamente al consumo de derivados de la cocaína, presentando la mayor variedad de presentaciones de esta droga en el mercado ilícito. Mientras tanto, en la región, Uruguay permanece destacado junto a Canadá y jurisdicciones de EE. UU. en la implementación de regulaciones completas para el uso adulto.

Sin embargo, el dato más desgarrador e identitario de Sudamérica en el informe de UNODC es que nos hemos consolidado como la región del mundo con la mayor proporción de jóvenes menores de 25 años en tratamiento por drogas, alcanzando un impactante 49% de todos los pacientes del subcontinente. Es decir, prácticamente la mitad de la infraestructura de atención en adicciones sudamericana está ocupada por adolescentes y jóvenes en los albores de su vida productiva y afectiva. En Centroamérica y el Caribe, esta cifra se ubica en el 30%.

Mientras nuestros jóvenes se hunden en el policonsumo y el abuso de medicamentos farmacéuticos (cuyo uso no médico, como sedantes y tranquilizantes, aumenta significativamente en la juventud sudamericana), la región concentra el 64% de las incautaciones globales de cocaína, la cuota más alta desde 1984. Este dato desnuda una realidad ineludible: las fuerzas de seguridad interceptan más cargamentos cerca de las zonas de origen. Esto genera brutales dinámicas de violencia y disputas territoriales que se trasladan directamente a los barrios vulnerables de países de tránsito y reexportación como el nuestro.

Hacia un cambio urgente de enfoque basado en la salud y los derechos humanos

Los hallazgos de este reporte global de UNODC deben sacudir las bases de nuestras políticas públicas. Seguir sosteniendo un aparato judicial hipertrofiado que destina gran parte de sus recursos a procesar penalmente a miles de consumidores o eslabones ínfimos de tenencia menor es un sinsentido ético.

Las estadísticas del continente americano son elocuentes respecto a la selectividad penal y su sesgo: el 19% de las personas en contacto formal con la policía por tráfico de drogas y el 21% por posesión/consumo en las Américas son mujeres, un eslabón altamente vulnerable y fungible para las redes criminales. En Argentina, un total de 4.994 infractores a la ley de drogas fueron procesados en el último período reportado (3.740 varones y 1.254 mujeres). De ellos, los procesados por tráfico real de drogas ascendieron a apenas 356 personas. Esto demuestra que la gran masa del aparato estatal sigue absorbiendo casos vinculados a consumidores o delitos menores de supervivencia.

Mientras criminalizamos al eslabón más débil y desatendemos la dramática brecha de género en el acceso a tratamientos, las organizaciones criminales avanzan instalando "cocinas" de síntesis química avanzada en nuestras grandes urbes, explotando las adicciones de nuestros jóvenes y perforando la seguridad de nuestros puertos atlánticos. Es imperativo y urgente balancear la política criminal hacia la persecución estratégica del lavado de activos y las redes transnacionales de precursores químicos, al tiempo que se giren de forma definitiva los recursos presupuestarios hacia un enfoque sanitario integral. El problema de las drogas no se resuelve con celdas para los adictos; es, en su núcleo, un desafío profundamente humano que requiere salud, inclusión y derechos.