La Defensoría del Pueblo bonaerense participó de audiencia pública realizada por el gobierno nacional para analizar el nuevo cuadro tarifario del servicio del gas, y rechazó los aumentos propuestos por considerarlos “irracionales y abusivos”.
Así lo aseguró Gastón Arias, el Secretario de Servicios Públicos del organismo que conduce Guido Lorenzino, quien planteó que la subas planteadas de al menos el 400% para el AMBA y de hasta el 1.700% para el Interior de la Provincia son “inviables”.
“Es inviable, irracional e inverosímil que una persona pague por lo menos cinco veces más el gas. Son cifras astronómicas y sin precedentes, ya que afectaría en algunos casos el total de los ingresos de las y los usuarios”, indicó Arias.
Tras la audiencia convocada por el Enargas, la Defensoría rechazó que las tarifas promedio terminen ubicándose en el orden de los 150 dólares, tal como lo buscan las empresas con la venia del gobierno, ya que esas son cifras apenas alcanzadas por el salario mínimo vital y móvil.
“No podemos aceptar que nos impongan tarifas impagables en los servicios esenciales. Va a ser un escenario explosivo en los próximos dos o tres meses porque el impacto será fenomenal en los bolsillos de las y los ciudadanos", expresó Arias.
En esa línea, también cuestionó que la audiencia pública no haya sido vinculante y aseguró que “la Defensoría va a tomar todas las medidas necesarias para proteger y cuidar a las y los bonaerenses".
El planteo del organismo va en consonancia con la postura del Foro Bonaerense de Servicios Públicos, que convoca el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Gabriel Katopodis.
“Es inviable, irracional e inverosímil que una persona pague por lo menos cinco veces más el gas. Son cifras astronómicas y sin precedentes, ya que afectaría en algunos casos el total de los ingresos de las y los usuarios”, indicó Arias.
Tras la audiencia convocada por el Enargas, la Defensoría rechazó que las tarifas promedio terminen ubicándose en el orden de los 150 dólares, tal como lo buscan las empresas con la venia del gobierno, ya que esas son cifras apenas alcanzadas por el salario mínimo vital y móvil.
“No podemos aceptar que nos impongan tarifas impagables en los servicios esenciales. Va a ser un escenario explosivo en los próximos dos o tres meses porque el impacto será fenomenal en los bolsillos de las y los ciudadanos", expresó Arias.
En esa línea, también cuestionó que la audiencia pública no haya sido vinculante y aseguró que “la Defensoría va a tomar todas las medidas necesarias para proteger y cuidar a las y los bonaerenses".
El planteo del organismo va en consonancia con la postura del Foro Bonaerense de Servicios Públicos, que convoca el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Gabriel Katopodis.