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Desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense se viene trabajando en una agenda temática vinculada con la prevención y la promoción de derechos a través de campañas y propuestas de políticas públicas.
La violencia contra niñas, niños y adolescentes es un flagelo fuertemente arraigado y transversal a todas las clases sociales. Según las cifras más recientes de UNICEF Argentina, en nuestro país 6 de cada 10 NNyA son criados/as con prácticas violentas: gritos, humillaciones y castigos físicos.
Cada 25 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Es una fecha nos brinda la oportunidad no solo de analizar el actual estado de situación, sino también proyectar políticas públicas que posibiliten encontrar soluciones efectivas.
A diferencia de lo que muchas veces se cree, el mayor indicador de violencia extrema no se registra en las familias de sectores socioeconómicos más postergados. La tasa más elevada aparece en hogares de ingresos medios: prácticamente 1 de cada 10 niños/as o adolescentes (9%) de ese quintil sufrieron alguna vez castigos severos.
Más grave aún resulta que, en pleno siglo XXI, hay padres y madres/cuidadores que reconocen y hasta defienden el empleo de violencia física (castigos corporales) como forma de llevar adelante la crianza de las y los pequeños.
¿Qué podemos hacer ante esta situación? Nuestro país, en comparación con la enorme mayoría de las naciones de América, tiene desde hace más de 30 años una legislación de vanguardia en lo que se refiere a la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, si tenemos en cuenta los indicadores antes mencionados, es indudable que el marco normativo resulta necesario, pero no suficiente.
Desde el Observatorio de Derechos de NNyA consideramos que debemos redoblar esfuerzos para que las normas que buscan prevenir y condenar la violencia que afecta a los niños se cumplan y se apliquen debidamente. Pero también nos debemos la tarea de complejizar la temática, problematizarla, ante la evidente permanencia de un núcleo duro de tolerancia social que reivindica, defiende y/o ejerce violencia contra la niñez.
En definitiva, es la sociedad en su conjunto -cada uno de nosotros- la que debe incorporar la necesidad de un urgente cambio cultural. Cada persona, cada familia, puede aportar a la hora de prevenir y denunciar los casos de violencia infantil ante la aparición de cualquier indicio. A su vez, el Estado, en sus diversos niveles y jurisdicciones, también debe mejorar los mecanismos institucionales de respuesta. Esto incluye, obviamente, a la Justicia. Se trata de una deuda pendiente que, hace cinco años, fue advertida por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en su informe individual sobre la Argentina.
Concretamente, en 2018, el Comité vio con satisfacción la normativa respecto a la prohibición de los castigos corporales en todos en todos los contextos, pero acto seguido hizo un llamado de atención: “Recomendamos que positivas y no violentas formas participativas de la crianza de los hijos y la disciplina sean promovidas a través de campañas de sensibilización, y que se adopten medidas para asegurar que los infractores sean llevados ante las autoridades administrativas y judiciales competentes”.
Desde el Observatorio entendemos que para lograr cambios efectivos el flagelo de la violencia contra NNyA debe ser abordado desde toda su multidimensionalidad. Esto significa, entre otras actividades, escuchar a los niños, niños y adolescentes y tener en cuenta su voz en la planificación de las políticas de Estado.
Cada 25 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Es una fecha nos brinda la oportunidad no solo de analizar el actual estado de situación, sino también proyectar políticas públicas que posibiliten encontrar soluciones efectivas.
A diferencia de lo que muchas veces se cree, el mayor indicador de violencia extrema no se registra en las familias de sectores socioeconómicos más postergados. La tasa más elevada aparece en hogares de ingresos medios: prácticamente 1 de cada 10 niños/as o adolescentes (9%) de ese quintil sufrieron alguna vez castigos severos.
Más grave aún resulta que, en pleno siglo XXI, hay padres y madres/cuidadores que reconocen y hasta defienden el empleo de violencia física (castigos corporales) como forma de llevar adelante la crianza de las y los pequeños.
¿Qué podemos hacer ante esta situación? Nuestro país, en comparación con la enorme mayoría de las naciones de América, tiene desde hace más de 30 años una legislación de vanguardia en lo que se refiere a la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, si tenemos en cuenta los indicadores antes mencionados, es indudable que el marco normativo resulta necesario, pero no suficiente.
Desde el Observatorio de Derechos de NNyA consideramos que debemos redoblar esfuerzos para que las normas que buscan prevenir y condenar la violencia que afecta a los niños se cumplan y se apliquen debidamente. Pero también nos debemos la tarea de complejizar la temática, problematizarla, ante la evidente permanencia de un núcleo duro de tolerancia social que reivindica, defiende y/o ejerce violencia contra la niñez.
En definitiva, es la sociedad en su conjunto -cada uno de nosotros- la que debe incorporar la necesidad de un urgente cambio cultural. Cada persona, cada familia, puede aportar a la hora de prevenir y denunciar los casos de violencia infantil ante la aparición de cualquier indicio. A su vez, el Estado, en sus diversos niveles y jurisdicciones, también debe mejorar los mecanismos institucionales de respuesta. Esto incluye, obviamente, a la Justicia. Se trata de una deuda pendiente que, hace cinco años, fue advertida por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en su informe individual sobre la Argentina.
Concretamente, en 2018, el Comité vio con satisfacción la normativa respecto a la prohibición de los castigos corporales en todos en todos los contextos, pero acto seguido hizo un llamado de atención: “Recomendamos que positivas y no violentas formas participativas de la crianza de los hijos y la disciplina sean promovidas a través de campañas de sensibilización, y que se adopten medidas para asegurar que los infractores sean llevados ante las autoridades administrativas y judiciales competentes”.
Desde el Observatorio entendemos que para lograr cambios efectivos el flagelo de la violencia contra NNyA debe ser abordado desde toda su multidimensionalidad. Esto significa, entre otras actividades, escuchar a los niños, niños y adolescentes y tener en cuenta su voz en la planificación de las políticas de Estado.