A cinco años de la creación del programa específico de la Defensoría, se elevó un informe a la CIDH y a Naciones Unidas detallando el impacto de un dispositivo que ya gestionó 1.000 intervenciones. El esquema de trabajo, basado en la gestión de personas de la propia comunidad, se propone como una política de vanguardia para la región.
La institucionalización de políticas específicas para la población LGBT+ en el territorio bonaerense alcanzó una instancia de visibilidad internacional. Se presentó ante el Relator de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, y el experto independiente de la ONU, Graeme Reid, un balance de las acciones desplegadas desde la puesta en marcha del área en 2021.
El documento destaca la creación de un programa que no solo asesora, sino que gestiona reclamos concretos por vulneraciones en salud, identidad, trabajo, educación y vivienda. Con una red de 70 delegaciones en toda la provincia, el dispositivo permitió descentralizar la atención y llegar a territorios donde el acceso a derechos suele ser más restrictivo para las diversidades.
Mil intervenciones y el foco en la identidad
Desde su inicio, el programa consolidó indicadores que reflejan una demanda activa en el territorio. Se registraron cerca de 1.000 intervenciones técnicas por vulneración de derechos y se acompañaron 88 procesos de rectificación registral mediante una guía específica de orientación.
Uno de los diferenciales subrayados ante los organismos internacionales es que el programa es gestionado por integrantes de la propia comunidad LGBT+. Este enfoque de perspectiva situada permite que el abordaje de los conflictos no sea meramente administrativo, sino que comprenda las barreras culturales y estructurales que enfrentan cotidianamente las personas travestis, trans y no binarias.
El monitoreo en contextos críticos
La intervención del programa incluye un trabajo sostenido en las cárceles bonaerenses, donde se realiza un seguimiento anual sobre el acceso a la salud y los tratamientos de hormonización de las personas trans privadas de su libertad. El objetivo es garantizar que el contexto de encierro no anule derechos fundamentales ya adquiridos por ley.
Asimismo, la participación en procesos judiciales bajo la figura de amicus curiae en casos de alto impacto público buscó garantizar que el sistema de justicia incorpore estándares de diversidad y género en sus sentencias. La producción de materiales técnicos y guías para docentes y adolescentes también forma parte de la estrategia para desarticular la discriminación desde los ámbitos institucionales.
Desafíos frente a un escenario regional complejo
El informe enviado a los expertos internacionales plantea la necesidad de fortalecer estas experiencias en un contexto regional que presenta retrocesos en materia de igualdad. El objetivo de la presentación es que el modelo implementado en la provincia de Buenos Aires sirva de insumo para otros Estados que busquen profesionalizar y sistematizar sus políticas de protección de derechos.
La experiencia acumulada en estos cinco años demuestra que la atención especializada y la territorialidad son herramientas clave para acortar la distancia entre las leyes vigentes y la realidad efectiva de la población LGBT+. Con este balance, se busca consolidar un esquema de respuestas estatales adecuadas frente a la discriminación y la violencia estructural.