La Fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, solicitó la instrucción de los directivos de Edesur, luego de que la Defensoría del Pueblo bonaerense denunciara penalmente a la empresa por la mala prestación del servicio que tuvo su pico en los cortes de luz durante la ola de calor que afectaron a miles de personas en el AMBA.
Desde el Ministerio Público Fiscal consideraron que la empresa cometió un delito a la hora de entorpecer la prestación del servicio exigió que se avance con la investigación.
Puntualmente, consideró que la actuación de Edesur "constituye el delito de entorpecimiento de los servicios de provisión de electricidad, previsto y reprimido por el artículo 194 del Código Penal, sin perjuicio de que podría hallarse configurado un delito de mayor gravedad, por lo que corresponde instruir sumario para su investigación".
Esta conclusión se basó en la denuncia de la Defensoría, donde el organismo que conduce Guido Lorenzino señaló la cantidad de reclamos recibidos contra Edesur; que aunque la empresa sabía de la llegada de altas temperaturas no hizo las adquisiciones de energía para abastecer el caudal energético impidiéndole usar el servicio a las y los usuarios; la falta de inversión; como así también los sospechosos movimientos accionarios de Enel, la propietaria de Edesur.
Es por eso que el Ministerio Público Fiscal decidió avanzar con la denuncia que realizó la Defensoría e instruyó una serie de medidas de prueba a fin de investigar las conductas de los directivos de las empresas Edesur y el grupo Enel, "cuyos datos filiatorios se desconocen por el momento", y solicitó una serie de medidas de pruebas para investigar a las firmas.
Entre ellas, solicitó que el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) comunique toda la información relacionada a la operatoria de Edesur y Enel, las multas que se le aplicaron, los planes de obras que se le impusieron y las auditorías que se le hicieron; a la Comisión de Valores (CNV) y Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) que informe sobre los anuncios de venta de los activos de Enel y todo información de interés; y también que la Inspección General de Justicia explique la composición dirigencial de Enel y Edesur.
“Desde hace años que denunciamos la prestación desastrosa de Edesur y pedimos el fin de la concesión. En los últimos días quedó expuesta la forma en que actúa la empresa, dejando a miles de personas vulnerables por los cortes de luz en medio de altísimas temperaturas. Es necesario que se tomen todas las medidas necesarias para poner un final a esta forma de hacer las cosas”, expresó Lorenzino.
Puntualmente, consideró que la actuación de Edesur "constituye el delito de entorpecimiento de los servicios de provisión de electricidad, previsto y reprimido por el artículo 194 del Código Penal, sin perjuicio de que podría hallarse configurado un delito de mayor gravedad, por lo que corresponde instruir sumario para su investigación".
Esta conclusión se basó en la denuncia de la Defensoría, donde el organismo que conduce Guido Lorenzino señaló la cantidad de reclamos recibidos contra Edesur; que aunque la empresa sabía de la llegada de altas temperaturas no hizo las adquisiciones de energía para abastecer el caudal energético impidiéndole usar el servicio a las y los usuarios; la falta de inversión; como así también los sospechosos movimientos accionarios de Enel, la propietaria de Edesur.
Es por eso que el Ministerio Público Fiscal decidió avanzar con la denuncia que realizó la Defensoría e instruyó una serie de medidas de prueba a fin de investigar las conductas de los directivos de las empresas Edesur y el grupo Enel, "cuyos datos filiatorios se desconocen por el momento", y solicitó una serie de medidas de pruebas para investigar a las firmas.
Entre ellas, solicitó que el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) comunique toda la información relacionada a la operatoria de Edesur y Enel, las multas que se le aplicaron, los planes de obras que se le impusieron y las auditorías que se le hicieron; a la Comisión de Valores (CNV) y Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) que informe sobre los anuncios de venta de los activos de Enel y todo información de interés; y también que la Inspección General de Justicia explique la composición dirigencial de Enel y Edesur.
“Desde hace años que denunciamos la prestación desastrosa de Edesur y pedimos el fin de la concesión. En los últimos días quedó expuesta la forma en que actúa la empresa, dejando a miles de personas vulnerables por los cortes de luz en medio de altísimas temperaturas. Es necesario que se tomen todas las medidas necesarias para poner un final a esta forma de hacer las cosas”, expresó Lorenzino.