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Junto a organismos provinciales y locales, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires coordinó acciones en Luján ante las dificultades que enfrenta la población migrante tras la modificación de la normativa nacional.
La vigencia del decreto 366/25, que introdujo modificaciones clave en la Ley Nacional de Migraciones, generó un incremento en el rechazo de trámites de cambio de categoría de residencia por parte de la Dirección Nacional de Migraciones. A este panorama se suma un crecimiento en las órdenes de expulsión y la aparición recurrente de conminaciones a hacer abandono del territorio, una situación que afecta directamente la inserción y la regularidad legal de las comunidades extranjeras en la Provincia.
Frente a esta situación, la Dirección de Comunidades Migrantes de Luján —creada en marzo de este año— unificó criterios de trabajo con la Dirección de Asuntos Consulares de la provincia de Buenos Aires y los equipos especializados del área de Políticas Migratorias y de la delegación local de la Defensoría del Pueblo. El propósito central es estructurar un esquema de asistencia técnica y jurídica que permita responder a las trabas administrativas y judiciales vigentes.
El endurecimiento de los controles y de los criterios burocráticos exige un seguimiento pormenorizado de los casos. Por este motivo, la mesa de trabajo estableció líneas de coordinación directa con los juzgados federales de la región, que intervienen de manera regular ante el aumento de las órdenes de expulsión.
De la reunión participaron Juan Diviso, delegado en Luján de la Defensoría del Pueblo; Guillermo Mazars, coordinador Área de Políticas Migratorias de la Defensoría del Pueblo; Juan Cruz del Arco, del Área de Políticas Migratorias; Daniela Leguizamón, directora de Desarrollo Territorial de la Defensoría del Pueblo; Micaela Palacios, directora de Asuntos Consulares PBA; Nazareno Barreto, subdirector de Comunidades Migrantes del Municipio de Lujan.